El Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Ramón Espadaler, y la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, depositando , el pasado día 13 de junio, una ofrenda floral en el plafón conmemorativo en el Cementiri Municipal de Sant Boi de Llobregat, donde se explican los hechos ocurridos en los hospitales psiquiátricos de Catalunya durante la Guerra Civil española, aportando información sobre la fosa común de este cementerio donde fueron enterrados más de tres mil personas fallecidas en los hospitales psiquiátricos de la ciudad.
Acabo de escuchar la noticia de que el Partido Popular ha anunciado que lo primero que harán, si ganan las próximas elecciones en España, será derogar la Ley de Memoria Democrática.
Esta noticia me preocupa muy seriamente de producirse, atendido que tiene una relación directa con las políticas de Memoria Democrática impulsadas por la Generalitat de Catalunya.
Recordemos que en los últimos tiempos, investigaciones encargadas por la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, han sacado a la luz la muerte de más de 5.700 personas asiladas en los hospitales psiquiátricos de Catalunya entre los años 1936 y 1939, mayoritariamente debido a la desnutrición severa y el colapso de las instituciones que los acogían, que han sido reconocidas institucionalmente, como víctimas de la Guerra Civil española.
La Generalitat de Catalunya ha realizado actos de homenaje y dignificación, como el que se celebrado el pasado día 13 de junio en el Cementiri Municipal de Sant Boi de Llobregat, epicentro de la tregedia, y del que informé ampliamente en este mismo blog, y trabaja para recuperar la identidad de los fallecidos, al igual que la entidad Besnets per la Dignitat, con la finalidad de que las familias afectadas puedan recibir las máximas ayudas para poder acceder a los expedientes médicos y a los archivos históricos, para poder restituir de esta manera su memoria frente al estigma social y al olvido.
Sería muy lamentable que, llegado el caso, la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática, paralizara esta entrañable labor que viene efectuando la Generalitat de Catalunya y la entidad Besnets per la Dignitat.
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